- El Gobierno modifica el Real Decreto 1052/2022 para exigir zonas de bajas emisiones con restricciones reales y sanciones efectivas.
- Los municipios de más de 50.000 habitantes, los insulares y los de más de 20.000 con mala calidad del aire deberán acreditar controles y multas.
- Acceder sin autorización o distintivo ambiental se sanciona con 200 euros y no se admitirán moratorias que retrasen su aplicación.
- La acreditación del cumplimiento se vinculará al acceso a fondos estatales para transporte urbano sostenible.

El Consejo de Ministros aprobó este martes, 3 de noviembre, una modificación del real decreto que regula las zonas de bajas emisiones (ZBE) para impedir que los ayuntamientos se limiten a dibujar un perímetro sin restricciones reales. La norma actualiza el Real Decreto 1052/2022 y obliga a los municipios afectados a aplicar prohibiciones de acceso, circulación y estacionamiento, además de sancionar con 200 euros a quienes incumplan sin moratorias que retrasen las multas.
El Gobierno justifica el cambio para «garantizar su implantación y funcionamiento efectivos» y asegurar que estas áreas «cumplen su finalidad» de mejorar la calidad del aire y contribuir a la mitigación del cambio climático. La reforma responde a las deficiencias detectadas en los primeros años: periodos transitorios demasiado largos, zonas sin restricciones según el potencial contaminante de los coches o delimitaciones que coincidían con espacios ya peatonales.
¿Qué cambia en las zonas de bajas emisiones?
La principal novedad es que no bastará con delimitar una zona o colocar señales. Las entidades locales deberán acreditar documentalmente que las prohibiciones de acceso, circulación y estacionamiento están en vigor y que existen sistemas de control, monitorización y seguimiento. El Ejecutivo quiere que las ZBE dejen de ser un anuncio sobre el mapa y se traduzcan en restricciones comprobables.
Además, las ordenanzas municipales tendrán que contemplar y aplicar el régimen sancionador previsto en la legislación estatal de tráfico. La modificación exige que los ayuntamientos no recurran a sistemas transitorios que demoren la efectividad de las multas. En la práctica, esto supone que las moratorias indefinidas o los periodos de gracia sin fecha clara dejan de encajar con la norma.
El texto también quiere corregir las restricciones insuficientes. No valdrá con limitar el acceso a vehículos en una zona que ya era peatonal o con mantener una delimitación que no permita reducir emisiones. La norma incide en que las medidas deben ajustarse al potencial contaminante de los vehículos, identificado a través de las etiquetas de la DGT.
¿A quién afecta la nueva norma de ZBE?

La obligación alcanza a los municipios de más de 50.000 habitantes, a todos los territorios insulares y a las localidades de más de 20.000 habitantes que superen los límites de calidad del aire. Estos consistorios deberán garantizar que sus zonas restringidas funcionan y que las sanciones se aplican cuando corresponde.
En el plano de los conductores, los primeros afectados son los vehículos sin etiqueta ambiental, incluidos en la categoría A de la DGT. La norma estatal no fija un calendario único para los coches con distintivo B y C, pero sí obliga a que las ordenanzas concreten restricciones según su potencial contaminante; por eso, estos vehículos pueden ver limitaciones crecientes a medida que cada ayuntamiento adapte su normativa local.

La reforma no impone un modelo idéntico para todas las ciudades, pero sí un mínimo: las restricciones deben ser reales y verificables. Los ayuntamientos tendrán que demostrar que controlan los accesos y que el régimen sancionador no queda aparcado. Esa exigencia afecta directamente a la organización del tráfico, a los residentes y a quienes entran a diario en el perímetro restringido.
¿Qué tendrán que hacer los ayuntamientos?

Los consistorios deberán acreditar documentalmente la entrada en vigor de las prohibiciones y la aplicación efectiva de los sistemas de vigilancia. También tendrán que comunicar las restricciones de acceso, circulación y estacionamiento en función de las etiquetas ambientales. La documentación no será un trámite menor: servirá para comprobar que la ZBE funciona en la práctica.
El Gobierno ha señalado que esta acreditación también se utilizará como criterio para que las ciudades accedan a fondos e instrumentos de financiación estatal vinculados al transporte urbano sostenible. La reforma endurece, por tanto, las condiciones para recibir ayudas públicas y conecta la financiación con el cumplimiento real de las restricciones.
- Prohibiciones: limitar acceso, circulación o estacionamiento según el potencial contaminante de los vehículos.
- Control: disponer de sistemas de vigilancia, monitorización y seguimiento de los accesos.
- Sanciones: incorporar y aplicar el régimen sancionador de la normativa estatal de tráfico.
- Justificación: acreditar documentalmente que las medidas están vigentes y se cumplen.
La norma también busca seguridad jurídica para los ayuntamientos, que son los competentes en materia de tráfico y movilidad. Al exigir que las ordenanzas se ajusten al régimen estatal, el Gobierno pretende que las multas tengan un respaldo más claro y que los datos sobre incumplimientos sean más fiables.
¿Qué pasa con las multas y las ayudas al transporte público?

Acceder a una ZBE sin la autorización o el distintivo ambiental correspondiente se mantiene como una infracción grave, con una multa de 200 euros. Lo que cambia con la modificación es que los ayuntamientos no podrán dejar de aplicar esas sanciones mediante moratorias prolongadas o periodos transitorios sin fecha efectiva.
El Ejecutivo ha vinculado la aplicación real de las ZBE al acceso a ayudas estatales para el transporte público. En la práctica, las ciudades que no regulen de forma efectiva sus zonas restringidas pueden quedar fuera de determinados fondos para movilidad sostenible. La medida busca que la implantación no se quede en una declaración de intenciones.

La reforma se aplicará sobre un mapa urbano heterogéneo, con ciudades que ya han activado sus ZBE y otras que aún deben adaptar sus ordenanzas. A partir de ahora, la etiqueta ambiental y los sistemas de control cobran un papel más relevante: las restricciones tendrán que estar justificadas, documentadas y acompañadas de sanciones efectivas. El objetivo declarado es que las zonas de bajas emisiones contribuyan de forma medible a reducir la contaminación y a ordenar el tráfico en las ciudades.
