- La justicia ha dictaminado la firmeza de la nulidad de las ordenanzas que regulaban las zonas restringidas en la capital.
- Se estima que más de tres millones y medio de sanciones están en el aire, sumando un importe de unos setecientos millones de euros.
- La asociación AEA exige al Ayuntamiento la paralización inmediata de los procesos de embargo y la devolución de oficio.
- Otras ciudades como Barcelona o Málaga mantienen sus restricciones bajo la lupa ante posibles réplicas judiciales similares.
La que se ha liado en las calles de la capital no es para menos, ya que miles de ciudadanos se han encontrado con un giro de guion inesperado en sus buzones. Tras una larga batalla en los juzgados, parece que las sanciones de las Zonas de Bajas Emisiones podrían ir directamente al cajón del olvido debido a un varapalo judicial que ha dejado al consistorio madrileño en una posición bastante delicada ante los conductores.
Resulta que el Tribunal Supremo ha decidido no admitir a trámite los últimos recursos, lo que da vía libre para que la nulidad de la ordenanza sea efectiva y firme a todos los efectos. Esto supone que el paraguas legal que permitía multar a diestro y siniestro se ha roto, dejando un vacío que muchos ya están aprovechando para reclamar hasta el último céntimo de sus bolsillos.
Un varapalo judicial de dimensiones épicas
La justicia ha hablado con una rotundidad que ha pillado a más de uno con el pie cambiado, confirmando que la normativa que regía estas áreas no estaba bien planteada desde su origen. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ya lo advirtió en su día, pero ahora es el Supremo el que ha puesto el sello definitivo a la nulidad de pleno derecho de los artículos más polémicos de la movilidad madrileña.
Con este panorama, el ayuntamiento se queda sin argumentos para seguir defendiendo un sistema de multas que ha sido declarado ilegal. Los expertos aseguran que esta resolución judicial tiene efectos generales y retroactivos, lo que significa que los expedientes que aún no se han cobrado deberían archivarse sin más dilación para evitar problemas mayores con la ley.
El millonario botín de las sanciones bajo sospecha
Si echamos un vistazo a las cifras, el susto es de los que hacen época, ya que estamos hablando de un volumen de dinero que marea. Los datos que han salido a la luz revelan que se han tramitado unos tres millones y medio de multas en los últimos años, lo que se traduce en una recaudación potencial que roza los setecientos millones de euros.
El mayor número de problemas se concentra en puntos calientes como el Distrito Centro o la zona de Plaza Elíptica, donde las cámaras no han parado de registrar matrículas de coches que no tenían permiso para entrar. Vaya papeleta tiene ahora la administración para gestionar este aluvión de posibles devoluciones que reclaman las asociaciones de conductores de toda España.
La ofensiva legal de las asociaciones de conductores
Desde la organización Automovilistas Europeos Asociados no han perdido el tiempo y ya han puesto sobre la mesa un requerimiento formal para que se dejen de tramitar estos castigos económicos. La idea es que el Ayuntamiento de Madrid actúe de oficio y anule todos los procedimientos de embargo que siguen activos en las cuentas bancarias de muchísimos afectados.
Mantener estos cobros ahora que la norma es papel mojado supone, según denuncian, una infracción directa de los derechos de los ciudadanos. Por eso, exigen que se detenga cualquier intento de recaudación forzosa de forma inmediata, ya que no tiene sentido seguir apretando las tuercas a la gente con una ley que ya no tiene validez legal alguna.
¿Qué ocurre en el resto del territorio nacional?
Aunque Madrid se lleva la palma por el volumen de sanciones, el resto de ciudades no se queda atrás y miran de reojo lo que ocurre en la capital. Ciudades como Barcelona, Badalona o Málaga también tienen sus propias reglas del juego y muchos conductores están empezando a examinar las excepciones de sus municipios para ver si pueden librarse de las sanciones impuestas por las cámaras.
En la ciudad condal, por ejemplo, los controles son ferreos de lunes a viernes y las multas pueden llegar a los doscientos euros si te pillan sin la pegatina adecuada. Es fundamental que los usuarios comprueben el estado de sus vehículos y las normativas locales vigentes, ya que cada ayuntamiento ha aplicado la ley estatal de una forma distinta, creando un auténtico rompecabezas para los que viajan de una provincia a otra.
Vaya tela con el embrollo que se ha montado, pues lo que empezó como una medida para limpiar el aire se ha convertido en un laberinto judicial de cuidado. Ahora toca esperar a ver cómo reacciona el equipo de gobierno ante la presión de las asociaciones, pero lo que está claro es que el derecho de los conductores a recuperar su dinero está más cerca que nunca después de este espaldarazo de los tribunales superiores que pone en duda la gestión recaudatoria de los últimos tiempos.