- El TSJA anula la ZBE de Málaga por discriminar a conductores no empadronados.
- Madrid continúa multando pese a tener sentencia firme en contra.
- Los conductores sancionados podrían reclamar la devolución de las multas.
- La incertidumbre jurídica marca el futuro de las ZBE en España.
El fallo, fechado el 6 de mayo, estima parcialmente el recurso contra la ordenanza de movilidad y deja sin efecto el capítulo que regulaba el acceso al área restringida. El tribunal entiende que no hay justificación ambiental para que un vehículo sin etiqueta pueda circular si está domiciliado en Málaga, pero no si viene de otro municipio, a pesar de tener las mismas emisiones. Esta situación afecta a la libre circulación y al principio de igualdad.
Una sentencia que reabre el debate
La resolución no cuestiona la legalidad de las ZBE como herramienta para mejorar la calidad del aire, pero sí exige que las restricciones sean proporcionadas y no discriminatorias. El Ayuntamiento de Málaga ahora tendrá que decidir si modifica el modelo o presenta recurso de casación ante el Supremo, algo que sigue abierto porque el fallo no es firme. Mientras tanto, los conductores que fueron multados en la ZBE malagueña desde diciembre de 2025, cuando entró en vigor el régimen sancionador, podrían reclamar la devolución de las multas de 200 euros impuestas bajo una normativa que los tribunales han invalidado.
No es un caso aislado. En Madrid, el Tribunal Superior de Justicia ya anuló la ordenanza de la ZBE general y las zonas de especial protección, y el Tribunal Supremo rechazó el recurso del Ayuntamiento en abril de 2026. A pesar de tener una sentencia firme en contra, el consistorio madrileño sigue multando a los conductores que acceden sin distintivo ambiental, con sanciones de 200 euros. Las asociaciones de automovilistas calculan que desde 2021 se han impuesto millones de multas, y la recaudación alcanza cifras millonarias, aunque el Ayuntamiento no ha devuelto nada hasta ahora.
La incertidumbre se extiende a otras ciudades
El caso de Sevilla también refleja la controversia. El grupo municipal Vox ha exigido al Ayuntamiento que devuelva las sanciones automáticas impuestas en la Cartuja, mientras se tramita una nueva ordenanza de ZBE. La formación denuncia que el consistorio reconoce que el modelo actual no es adecuado, pero sigue multando desde enero de 2026. Vox reclama que se publiquen las cifras de sanciones y que se acelere la reforma normativa para poner fin a la inseguridad jurídica.
Según un informe de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid, entre 2022 y el primer trimestre de 2025, el Ayuntamiento de la capital recaudó más de 100 millones de euros gracias a las multas de las ZBE. Este dato pone de manifiesto el impacto económico de unas restricciones que, en muchos casos, están siendo anuladas por los jueces. Mientras tanto, los conductores se encuentran en un limbo legal: pagan multas que pueden ser declaradas nulas, pero las administraciones siguen girándolas.
La situación es un verdadero quebradero de cabeza para los automovilistas. La falta de seguridad jurídica es total: una misma infracción puede ser válida hoy y anulada mañana. Los expertos recomiendan guardar todas las notificaciones de multas y, en caso de recibir una, estudiarla detenidamente antes de pagar, ya que podría impugnarse con éxito si la ordenanza subyacente ha sido anulada.
En definitiva, las ZBE están en entredicho. Los tribunales no las prohíben, pero exigen que se apliquen con criterios justos y bien fundamentados. Hasta que los ayuntamientos no redacten ordenanzas sólidas, la incertidumbre seguirá planeando sobre los conductores y sobre el futuro de la movilidad urbana en España.
La pelota está en el tejado de los consistorios y del Gobierno central, que deberían trabajar para ofrecer un marco legal claro y estable. Mientras tanto, lo único seguro es que las ZBE seguirán dando que hablar, y los conductores tendrán que estar atentos a cada sentencia.