- El Gobierno asigna 670 millones de euros del PRTR para impulsar la transición energética y la electrificación en España.
- 212 millones se destinan a adaptar seis puertos estratégicos a las necesidades de la eólica marina y otras energías del mar.
- Se refuerzan el almacenamiento hidráulico reversible y la cadena de valor industrial renovable con dos programas de 165 millones cada uno.
- Más de 100 millones impulsan la movilidad eléctrica, con miles de puntos de recarga y vehículos cero emisiones para empresas.
El Gobierno central ha dado un nuevo paso para acelerar la transición energética y la electrificación de la economía española con la propuesta de asignación provisional de un paquete de ayudas valorado en 670 millones de euros. Estos fondos, procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), se orientan a varias líneas estratégicas que combinan renovables, industria y movilidad.
La iniciativa, anunciada por la vicepresidenta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, durante la Sesión de Escucha y Participación sobre Energías Renovables y Territorio, busca reforzar el despliegue de las energías limpias, apoyar a la industria asociada y acelerar la electrificación del transporte. Según la ministra, en un contexto internacional complejo, esta apuesta permite a España consolidarse como un país que avanza hacia un modelo energético más seguro, competitivo y respetuoso con el medio ambiente.
Seis líneas de ayudas para transformar el sistema energético
El paquete de 670 millones se estructura en seis grandes programas de apoyo gestionados por el Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía (IDAE), organismo adscrito al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO). Todas las líneas tienen como denominador común la reducción de emisiones, el impulso de las energías renovables y la electrificación de la demanda.
En conjunto, las ayudas se dirigen al desarrollo de la eólica marina y otras energías del mar, la puesta en marcha de nuevas centrales hidroeléctricas de bombeo, el refuerzo de la cadena de valor industrial renovable, la expansión de la movilidad eléctrica y la sustitución de sistemas de generación basados en combustibles fósiles por instalaciones que produzcan electricidad y calor renovables.
La propia Aagesen ha insistido en que el despliegue de esta financiación se hará con criterios de planificación y participación, apostando por que los proyectos se ubiquen en las zonas donde tengan mayor sentido desde el punto de vista energético, económico y ambiental, minimizando el impacto sobre el territorio y favoreciendo la cohesión entre comunidades autónomas.
El objetivo de fondo es que estas inversiones no solo contribuyan a alcanzar las metas climáticas, sino que también generen actividad económica, empleo e industria en España, reforzando el papel del país dentro de la estrategia europea de descarbonización y seguridad energética.
Desde el Ministerio se recalca, además, que la asignación actual tiene carácter provisional y que las resoluciones detalladas de cada una de estas líneas de ayuda se publicarán a través del IDAE, lo que permitirá a empresas, administraciones y otros agentes conocer el reparto definitivo y las condiciones concretas de cada programa.
212 millones para adaptar puertos a la eólica marina y las energías del mar
Una de las líneas más voluminosas es el programa PORT-EOLMAR, que concentra 212 millones de euros para adaptar seis puertos españoles a las necesidades de la eólica marina y otras energías del mar. El objetivo es convertir estos recintos en nodos logísticos e industriales capaces de albergar la fabricación, el montaje y el mantenimiento de grandes aerogeneradores y componentes marinos.
Los beneficiarios propuestos son los puertos de Gijón, Las Palmas, Tarragona, Castellón y la agrupación formada por los puertos de A Coruña y Ferrol-San Cibrao. Estas infraestructuras deberán acometer obras y equipamientos específicos, como ampliaciones de muelles, aumento de calados, creación de explanadas industriales o adaptación de accesos para el movimiento de piezas de gran tamaño.
Entre los proyectos destacados figuran el plan Golfo Ártabro-Offshore Wind, impulsado por la agrupación de A Coruña y Ferrol, que concentra una parte relevante de la ayuda, y actuaciones como la ampliación de muelles en Las Palmas y Tarragona o la mejora de explanadas logísticas en el puerto de Gijón. Cada puerto debe cumplir una serie de requisitos técnicos que garanticen su capacidad para operar como base de la industria offshore.
Como condición, las autoridades portuarias deberán vincular estas obras a un proyecto industrial asociado a renovables marinas, comprometiendo inversiones privadas iguales o superiores al importe de la ayuda recibida, con una vigencia mínima de diez años. Esto implica que las infraestructuras públicas irán acompañadas de fábricas, centros de ensamblaje u otras iniciativas industriales ligadas al sector.
Los proyectos serán promovidos por operadores privados que obtendrán los títulos concesionales necesarios mediante procedimientos en concurrencia. De esta manera, se busca que las ayudas públicas actúen como palanca para movilizar más capital y consolidar la cadena de valor nacional de la eólica marina, un sector en el que España aspira a tener peso tanto en Europa como en otros mercados internacionales.
165 millones para almacenamiento energético con bombeo hidráulico reversible
Otra de las piezas clave del paquete de ayudas es el programa BORALMAC II, centrado en proyectos innovadores de almacenamiento energético mediante centrales hidroeléctricas de bombeo reversible. Su presupuesto se amplía en 75 millones de euros respecto a lo previsto inicialmente, para alcanzar una dotación total de 165 millones, debido al elevado interés mostrado por los promotores.
Con esta convocatoria se propone apoyar siete proyectos distribuidos territorialmente: dos en Galicia, dos en Asturias y uno en cada una de las comunidades de Andalucía, Extremadura y Cataluña. Estas instalaciones permitirán almacenar energía bombeando agua a un embalse superior en horas de baja demanda y turbinarla después cuando el sistema eléctrico lo requiera.
El almacenamiento por bombeo es considerado una tecnología clave para integrar más renovables en el sistema eléctrico, ya que facilita gestionar los excedentes de producción de fuentes como la eólica y la solar, garantizando al mismo tiempo la estabilidad de la red y la seguridad de suministro.
Esta segunda edición de BORALMAC da continuidad a una primera convocatoria, dotada con 100 millones de euros y ya adjudicada, que permitió poner en marcha cuatro proyectos con más de 2 gigavatios (GW) de nueva potencia de almacenamiento hidráulico. La senda marcada por ambas fases busca asentar una base sólida de infraestructuras de almacenamiento en distintas regiones del país.
En conjunto, los proyectos seleccionados contribuirán a reforzar la resiliencia del sistema eléctrico, mejorar la gestión de la demanda y reducir la dependencia de tecnologías fósiles de respaldo, al tiempo que permiten aprovechar mejor los recursos renovables en los momentos de máxima generación.
Impulso a la cadena de valor industrial renovable con otros 165 millones
El refuerzo del tejido industrial vinculado a las energías limpias se canaliza a través de la segunda convocatoria del programa de cadena de valor de tecnologías renovables y sus componentes estratégicos. Esta línea cuenta también con 165 millones de euros, que se repartirán provisionalmente entre 41 proyectos ubicados en 12 comunidades autónomas.
El País Vasco concentra el mayor número de iniciativas seleccionadas, con 17 proyectos, aunque el reparto abarca un amplio abanico de territorios. Entre las actuaciones previstas destacan las relacionadas con baterías y almacenamiento de energía (11 proyectos), seguidas de las vinculadas a tecnologías para redes eléctricas (10), eólica y renovables marinas (7), hidrógeno (5) y energía solar (4).
Las ayudas permiten financiar tanto la ampliación de plantas industriales ya en funcionamiento como la puesta en marcha de nuevas instalaciones productivas. Entre estas últimas sobresale un proyecto de baterías y almacenamiento en la comunidad foral de Navarra, que recibirá una ayuda de alrededor de 81 millones de euros, una de las mayores partidas de todo el programa.
Con esta línea, el Ejecutivo pretende consolidar una industria propia ligada a la transición energética, reduciendo la dependencia de cadenas de suministro externas en ámbitos considerados estratégicos, como los acumuladores eléctricos o los componentes para redes inteligentes.
Además, el programa busca que esta modernización industrial se traduzca en un incremento del empleo cualificado y en la atracción de nuevas inversiones, contribuyendo a que distintas comunidades autónomas se especialicen en segmentos concretos de la cadena de valor de las renovables.
Más de 3.000 puntos de recarga y flotas eléctricas para empresas
El capítulo dedicado a la movilidad eléctrica concentra más de 100 millones de euros y se despliega a través de dos programas Moves gestionados por el IDAE. El objetivo es impulsar la electrificación del transporte tanto en las grandes vías de comunicación como en las flotas empresariales.
Por un lado, el programa Moves Corredores incluye una propuesta provisional de más de 97 millones de euros para 337 proyectos que contemplan la instalación de 2.880 puntos de recarga en las principales carreteras y ejes de transporte del país. Esta red pretende reducir la llamada “ansiedad de autonomía” y facilitar los desplazamientos de larga distancia en vehículo eléctrico.
Por otro lado, el programa Moves Flotas Plus está orientado específicamente a empresas y prevé casi 8 millones de euros para 20 compañías, destinados a la adquisición de más de 3.700 vehículos eléctricos y la instalación de cerca de 300 puntos de recarga adicionales asociados a estas flotas eléctricas.
Con estas dos líneas, se busca acelerar el cambio hacia un parque móvil de cero emisiones, apoyando tanto a operadores privados como a grandes flotas corporativas y mejorando la cobertura de recarga rápida y semirrápida en distintos puntos del territorio.
Desde el Ministerio se destaca que el impulso a la infraestructura de recarga es imprescindible para que el vehículo eléctrico pueda pasar de ser una opción minoritaria a convertirse en una alternativa real y generalizada para usuarios y empresas, contribuyendo así a la reducción de emisiones en el sector transporte, uno de los más intensivos en CO₂.
Renovables para sustituir combustibles fósiles en calor y electricidad
El paquete de ayudas se completa con el programa Renocogen, que destina 21 millones de euros a 12 proyectos orientados a la producción de electricidad y calor renovables en sustitución de equipos alimentados por combustibles fósiles. Estas actuaciones se centran en modernizar instalaciones térmicas e incorporar tecnologías limpias en procesos productivos y de servicios.
Los proyectos se reparten por diversas comunidades autónomas, como Navarra, País Vasco, Andalucía, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Extremadura, Aragón y Cantabria. En todos los casos, la finalidad es desplazar consumos de gas, fuel u otros combustibles fósiles por sistemas apoyados en fuentes renovables.
Estas inversiones se consideran especialmente relevantes para sectores industriales y de servicios con altas necesidades de calor o vapor, donde la electrificación total no siempre es sencilla a corto plazo, pero sí es posible avanzar hacia soluciones híbridas o completamente renovables.
Además de la reducción de emisiones, los proyectos bajo Renocogen pueden contribuir a mejorar la eficiencia energética de las instalaciones, reducir costes operativos a medio y largo plazo y aumentar la competitividad de las empresas participantes, al tiempo que avanzan hacia los objetivos climáticos fijados a nivel europeo.
Con el despliegue de estos 670 millones de euros, el Ejecutivo pretende reforzar al mismo tiempo la generación renovable, el almacenamiento energético, la infraestructura de recarga, la industria nacional ligada a las tecnologías limpias y la sustitución progresiva de los combustibles fósiles, configurando un conjunto de actuaciones que empujan a España hacia un modelo energético más electrificado, menos dependiente del exterior y con mayores oportunidades industriales repartidas por el territorio.
