- El Tribunal Supremo rechaza el recurso de Madrid y el TSJM abre la ejecución forzosa de la sentencia que anuló las ZBE.
- Más de 3,5 millones de multas y 700 millones de euros en juego mientras el Ayuntamiento se niega a devolver el dinero.
- Vox anuncia una nueva oleada de recursos contra las ZBE en siete municipios del área de Barcelona.
- La Cámara de Cuentas de Andalucía detecta deficiencias en la implantación de las ZBE, con solo un tercio de los municipios obligados cumpliendo la ley.
La polémica en torno a las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) no da tregua en España. Entre recursos judiciales, multas millonarias y una implantación que avanza a trompicones, la situación se ha convertido en un auténtico quebradero de cabeza para conductores, ayuntamientos y tribunales. La capital del país, Madrid, es el epicentro de una batalla legal que ya acumula varios capítulos, pero no es la única: desde Andalucía hasta Cataluña, las ZBE están en el punto de mira de la justicia y de la oposición política.
Mientras tanto, informes oficiales revelan que muchos municipios no han cumplido con la obligación legal de establecer estas áreas de restricción al tráfico, y los que lo han hecho arrastran carencias en su diseño. A esto se suman episodios de contaminación que obligan a activar cierres temporales, como ha ocurrido en Valladolid, donde los vecinos han tenido que adaptarse a cortes de acceso durante varios días consecutivos.
El laberinto judicial de las ZBE en Madrid
El caso más sonado es el de Madrid. El Supremo confirma la anulación de la ZBE de Madrid tras rechazar el recurso de casación presentado por el Ayuntamiento contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que anuló los artículos clave de la ordenanza. El alto tribunal consideró que el recurso se basaba en una mera discrepancia con la valoración de la prueba, sin justificar un interés casacional suficiente. Como resultado, la sentencia del TSJM, de septiembre de 2024, ha adquirido firmeza.
Ahora, el TSJM ha abierto la fase de ejecución forzosa y ha dado al Consistorio un plazo de 20 días para presentar alegaciones. En juego están más de 3,5 millones de expedientes sancionadores impuestos por circular sin la etiqueta adecuada, cuyo importe conjunto ronda los 700 millones de euros. La asociación Automovilistas Europeos Asociados (AEA) reclama que se paralicen los cobros y embargos, y que se produzca la anulación de multas en las zonas de bajas emisiones para devolver el dinero a todos los afectados. El Ayuntamiento, sin embargo, sostiene que la nulidad solo afecta a las multas de las Zonas de Especial Protección (Distrito Centro y Plaza Elíptica), pero varios juzgados ya han fallado en contra de esa interpretación.
Ante este escenario, el equipo de gobierno de José Luis Martínez-Almeida aprobó en marzo una nueva ordenanza de Movilidad Sostenible que, según fuentes municipales, deja sin efecto la sentencia al sustituir la normativa anulada. No obstante, la ejecución judicial sigue su curso y la incertidumbre sobre la devolución de las sanciones continúa.
Vox amplía su ofensiva legal contra las ZBE
La formación política Vox ha anunciado que llevará ante los tribunales las ZBE de siete municipios del área metropolitana de Barcelona: Hospitalet de Llobregat, Cornellà, Manresa, Terrassa, Santa Coloma de Gramenet, Mataró y Sant Cugat. El partido califica estas restricciones de “limitaciones sectarias que vulneran la libertad de movimiento” y las tacha de “peaje clasista” que perjudica a las rentas más bajas, que no pueden permitirse renovar su vehículo.
Vox ya ha obtenido victorias judiciales previas, como la reciente sentencia del TSJA que anuló la ZBE de Málaga por vulnerar la libertad de empresa y la unidad de mercado. Además, recuerda que en toda España se han dictado al menos 13 sentencias que han tumbado temporalmente ZBE en ciudades como Barcelona, Madrid, Gijón, Segovia o Ávila. La nueva ofensiva se produce después de que el TSJC avalara la ordenanza de Barcelona a principios de 2026, pero Vox confía en que los tribunales vuelvan a darle la razón.
Andalucía: solo un tercio de los municipios cumple con la ley
Un informe de la Cámara de Cuentas de Andalucía, publicado en julio de 2026, pone de manifiesto el retraso y las deficiencias en la implantación de las ZBE en la comunidad. A 31 de marzo de 2025, solo 10 de los 30 municipios con más de 50.000 habitantes contaban con una ZBE establecida, es decir, un 33%. Entre los que no lo habían hecho figuran ciudades como Cádiz, Granada, Jaén, Marbella o Jerez de la Frontera, que no implantó su ZBE hasta principios de 2026.
El análisis señala que la ZBE de Jerez, ubicada en el casco histórico, presenta deficiencias en los estudios previos, en la definición de objetivos y en la previsión de medidas de seguimiento. La Cámara critica que no se realizaron evaluaciones de los niveles contaminantes antes de la implantación, ni se elaboraron mapas de ruido o memorias económicas. Además, la superficie de la ZBE jerezana es de solo 0,7 kilómetros cuadrados, lo que, según el informe, “podría dificultar o impedir alcanzar de forma efectiva los objetivos de reducción de emisiones”.
De los diez municipios que sí tienen ZBE, solo siete las tenían en funcionamiento a la fecha del informe: Almería, Córdoba, Linares, Málaga, Torremolinos, Alcalá de Guadaíra y Sevilla. Ninguno de ellos había emitido informes formales de evaluación sobre el cumplimiento de los objetivos, y la mayoría carece de sistemas de monitorización continua. La Cámara concluye que la mayoría de las ZBE andaluzas no cumplen con los requisitos de la Ley de Cambio Climático, que obligaba a implantarlas antes del 1 de enero de 2023.
Cierres por contaminación: el caso de Valladolid
Mientras los tribunales deciden sobre la legalidad de las ZBE, algunas ciudades se ven obligadas a activar restricciones temporales por episodios de alta contaminación. Valladolid ha vivido un cuarto día consecutivo de cierre de su Zona de Bajas Emisiones debido a los elevados niveles de ozono. La medida, que comenzó el 9 de julio, prohíbe el acceso a la zona a todos los vehículos excepto residentes, servicios esenciales, transporte público y aquellos con etiqueta ECO o 0 emisiones.
Los vecinos han tenido que buscar alternativas: algunos dejan el coche en las afueras y caminan o usan el autobús, mientras que otros, acostumbrados a desplazarse a pie, apenas notan las restricciones. La policía ha instalado vallas en los accesos principales, como el cruce del Paseo Isabel la Católica con la Plaza de Poniente. No es la primera vez que ocurre: el pasado 20 de junio ya se aplicaron cierres similares por ozono.
La situación de las ZBE en España es un reflejo de las tensiones entre la necesidad de reducir la contaminación y las dificultades de implementación, con miles de multas en juego, recursos judiciales y una implantación desigual. Mientras el Ayuntamiento de Madrid busca una solución con una nueva ordenanza, los tribunales siguen marcando el ritmo y los conductores esperan la devolución de sus sanciones. En Andalucía, la mayoría de los municipios aún no han cumplido con la ley, y en ciudades como Valladolid, los cierres puntuales recuerdan que la calidad del aire sigue siendo un desafío.
