- El Consejo de Ministros aprueba modificar el Real Decreto 1052/2022 para que las ZBE apliquen sanciones efectivas sin moratorias.
- La obligación afecta a 151 municipios de más de 50.000 habitantes que deben contar con zonas de bajas emisiones.
- La multa habitual es de 200 euros, reducible a 100 euros por pronto pago en 20 días y sin pérdida de puntos.
- Los ayuntamientos deberán adaptar sus ordenanzas y acreditar restricciones reales y sistemas de control de accesos.

El Consejo de Ministros ha aprobado una modificación del Real Decreto 1052/2022, la norma que regula las zonas de bajas emisiones en España. El cambio busca que los 151 municipios de más de 50.000 habitantes obligados a contar con estas áreas apliquen sanciones reales y dejen de encadenar moratorias. La multa habitual por acceder sin autorización se mantiene en 200 euros.
La reforma responde a varias deficiencias detectadas en los primeros años de aplicación. Entre ellas, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico señala las moratorias excesivamente prolongadas, las ZBE sin restricciones efectivas y las delimitaciones insuficientes. El objetivo es que estas zonas no se queden en un anuncio sobre el papel.
Qué cambia en las ZBE con el nuevo real decreto

El punto central es que las ordenanzas municipales deberán contemplar y aplicar el régimen sancionador previsto en la normativa estatal de tráfico. Ya no valdrá con activar una ZBE y dejar pasar los incumplimientos durante años. La norma pide que las restricciones tengan consecuencias prácticas.
Los ayuntamientos también tendrán que acreditar que sus ZBE imponen restricciones reales de acceso, circulación y estacionamiento según el potencial contaminante de los vehículos. Deberán contar con ordenanzas adaptadas y con sistemas de control de accesos, monitorización y seguimiento. Esa documentación servirá para comprobar que la medida funciona.
La modificación no establece una sola solución para todas las ciudades. Cada consistorio conserva margen para definir el perímetro y las condiciones, pero deberá demostrar que las sanciones son efectivas y que no se retrasan con periodos transitorios. La reforma también pretende dar más seguridad jurídica a los ayuntamientos ante los tribunales.
¿A quién afecta el nuevo régimen sancionador?
La obligación principal recae en los 151 municipios de más de 50.000 habitantes que deben disponer de ZBE. El decreto afecta, por tanto, a grandes ciudades y a sus conductores. También incide en los ayuntamientos que hasta ahora habían flexibilizado las restricciones o habían anunciado zonas sin multas.
Para los conductores, la clave está en la ordenanza de cada ciudad. No basta con tener una etiqueta ambiental de la DGT para circular por cualquier ZBE. Las restricciones pueden afectar al acceso, a la circulación y al aparcamiento, y cada municipio decide qué vehículos quedan fuera. La etiqueta no garantiza por sí sola el paso.
De forma general, los vehículos sin etiqueta ambiental (A) son los más limitados. Los coches con etiqueta B y C pueden circular en muchas ZBE, aunque algunos municipios ya restringen su entrada. Los distintivos ECO y Cero emisiones suelen tener menos limitaciones, pero también dependen de lo que fije cada ayuntamiento.
- Sin etiqueta (A): vehículos más restringidos.
- Etiqueta B: permitida en muchas ZBE, con limitaciones en algunas ciudades.
- Etiqueta C: menos restricciones generales, pero puede limitarse en zonas centrales.
- ECO y Cero emisiones: suelen contar con más facilidades de acceso.
¿Cuánto es la multa por entrar en una ZBE sin autorización?

La cuantía depende de la ordenanza municipal, aunque la referencia más extendida es de 200 euros. El nuevo decreto no fija una cantidad única para toda España. En las localidades que ya sancionan, la infracción administrativa se castiga habitualmente con esa cifra.
Si el conductor paga dentro de los 20 días siguientes a la notificación, puede beneficiarse de una reducción del 50%. La multa quedaría entonces en 100 euros. Al tratarse de una infracción administrativa municipal, no conlleva la pérdida de puntos del carné de conducir.
- Multa habitual: 200 euros.
- Pronto pago: 100 euros en los 20 días siguientes.
- Puntos del carné: no se pierden por esta infracción.
Vigo y Málaga: moratorias y sentencias que condicionan las ZBE
Vigo es uno de los casos que ilustra el problema de las moratorias. El Ayuntamiento puso en marcha sus ZBE de Vigo con una aplicación gradual y periodos de aviso sin sanciones. El alcalde, Abel Caballero, había anunciado una ZBE sin multas, una situación que el nuevo marco estatal complica. La norma busca que los avisos no se prolonguen indefinidamente.
Málaga representa el otro frente: el judicial. La ciudad suspendió las multas de su zona de bajas emisiones después de que una sentencia del TSJA anulara parte de su normativa. El nuevo decreto pretende evitar que las ordenanzas municipales queden sin respaldo y que las restricciones sean tumbadas por los tribunales. También busca que las ZBE puedan evaluarse con criterios comunes.
Estos ejemplos explican por qué el Gobierno habla de zonas «cosméticas» o creadas solo para cumplir formalmente. La reforma exige restricciones verificables y controles efectivos. No obstante, cada ayuntamiento deberá concretar cómo adapta sus ordenanzas y cuándo empieza a sancionar.
¿Qué etiquetas permiten circular y qué pasa con las ZBE «cosméticas»?

Las etiquetas de la DGT siguen siendo el criterio más habitual, pero no el único. Cada ayuntamiento puede decidir qué vehículos entran, circulan o aparcan en su ZBE. Por eso, un coche con etiqueta B o C puede tener permitido el paso en una ciudad y encontrar restricciones en otra. Antes de viajar conviene consultar la ordenanza municipal.
El nuevo marco quiere acabar con las áreas que solo existen sobre el papel. Los municipios deberán acreditar restricciones reales y sistemas de control. Esa exigencia también pretende que las ZBE contribuyan a reducir la contaminación, el ruido y las emisiones, y no se limiten a una delimitación territorial sin efectos.

La reforma mantiene en manos de los ayuntamientos la adaptación de sus ordenanzas, pero fija una obligación clara: sancionar los incumplimientos y demostrar que las ZBE funcionan. Los conductores deberán revisar las condiciones de cada ciudad y no fiarse solo del distintivo ambiental. La multa habitual de 200 euros puede rebajarse a 100 euros con pronto pago.

