- El Ayuntamiento de Málaga acata la sentencia del TSJA y suspende el régimen sancionador de la ZBE.
- La Justicia consideró discriminatorio multar solo a vehículos no domiciliados en la capital.
- Queda por resolver qué ocurrirá con más de 46.000 expedientes y con una nueva ordenanza que tardará meses.
- Vox pide seguridad jurídica y la oposición critica que la medida llega tarde.
El Ayuntamiento de Málaga ha decidido suspender las multas de la Zona de Bajas Emisiones después de acatar la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. La medida implica que, por ahora, ningún vehículo será sancionado por acceder a este área restringida, tenga o no etiqueta ambiental y con independencia de dónde esté domiciliado. La concejala de Movilidad, Trinidad Hernández, ha confirmado que el Consistorio no llevará el caso al Tribunal Supremo y que el fallo adquiere firmeza.
La decisión llega tras meses de incertidumbre jurídica y de un pulso político que viene de lejos. El origen está en un recurso de Vox contra la ordenanza municipal, que la Justicia andaluza tumbó en parte por considerar que el sistema de sanciones trataba de forma desigual a los conductores. A partir de ahora se abre un periodo transitorio en el que el Ayuntamiento tendrá que reescribir las reglas y aclarar qué pasa con decenas de miles de expedientes.
Del aviso a la multa: qué cambia desde ya
El Consistorio ha suspendido el régimen sancionador de la ZBE, de modo que no se impondrán nuevas multas por acceder al área restringida mientras se redacta una nueva regulación. Hasta ahora, las sanciones eran de 200 euros y se reducían a 100 por pronto pago. Se aplicaban desde finales de noviembre a los vehículos sin distintivo ambiental no domiciliados en la capital, después de un año inicial de adaptación sin castigos. El calendario previsto para extender las restricciones a los coches foráneos con etiqueta B queda, por tanto, en suspenso.
La concejala ha asegurado que la suspensión se aplica a todos los vehículos, sin importar matrícula o etiqueta. La ZBE seguirá existiendo sobre el papel porque una ley estatal obliga a los municipios de más de 50.000 habitantes a contar con una, pero su capacidad para sancionar queda en el aire. Hernández ha insistido en que la nulidad afecta a los artículos concretos de la ZBE y no al resto de la Ordenanza de Movilidad, que continúa vigente.
Una sentencia por trato discriminatorio
El TSJA estimó parcialmente el recurso de Vox y anuló el apartado que permitía circular sin multa a los vehículos empadronados o domiciliados en Málaga. El tribunal consideró que ese criterio vulneraba la igualdad, la libertad de empresa, la unidad de mercado y la libre circulación de personas y mercancías. La sala recordó que un coche contamina lo mismo con independencia del municipio donde pague el impuesto de circulación.
La sentencia no cuestionó, en cambio, la utilidad ambiental de la ZBE ni su existencia. Lo que rechazó fue la fórmula para decidir quién podía entrar y quién debía ser multado. Tras el fallo, el Ayuntamiento pidió una aclaración para saber si la nulidad se extendía a toda la ordenanza. La respuesta judicial fue que solo quedaban sin efecto los artículos dedicados a la ZBE, mientras el resto de la normativa seguía en pie.
La nueva ordenanza, un camino de meses
El Ayuntamiento ya trabaja en un nuevo régimen sancionador. Según la concejala, el proceso incluirá consultas, información pública y alegaciones, y no estará listo antes de nueve o diez meses. Antes, el Consistorio quiere encargar una consultoría y revisar cómo han regulado otras ciudades sus zonas de bajas emisiones para evitar nuevos reveses judiciales.
Hernández ha dejado abierta la posibilidad de mantener la ZBE con carácter informativo y sin multas. La obligación legal de tener una zona restringida sigue vigente, pero el objetivo es encontrar una fórmula que limite la entrada de vehículos contaminantes sin discriminar. También ha criticado al Gobierno central por no fijar criterios comunes y dejar a los ayuntamientos en una situación de inseguridad jurídica en las ZBE. En su opinión, Málaga implantó la medida para no perder ayudas al transporte público, una exigencia que ha llegado a calificar como «chantaje». Como ejemplo, ha señalado que la ciudad cerrará el año con más de 70 millones de viajes en autobús, frente a los 32 millones de hace cinco años.
Multas ya impuestas: el otro frente abierto
Queda por resolver qué ocurrirá con las sanciones ya tramitadas. La oposición municipal cifra en más de 46.000 los expedientes abiertos en ocho meses, con 11.000 en junio y julio. La concejala ha explicado que la decisión corresponde a los órganos de recaudación y que habrá que analizar cada caso, porque algunos siguen abiertos, otros están en fase de ejecución y otros ya se han cobrado. No hay confirmación sobre devoluciones ni sobre cuántas multas han quedado firmes.
Reacciones políticas y sombras sobre el futuro
Vox, promotor del recurso, ha valorado la aclaración judicial como un paso para aportar seguridad jurídica y poner fin a la incertidumbre. Su vicesecretario jurídico en Málaga, Jesús Ruiz Ballesteros, ha defendido que las administraciones deben cumplir las resoluciones de los tribunales y ha recordado que su grupo pidió paralizar las multas desde el principio.
Con Málaga, integrado por IU y Podemos, considera que la suspensión llega tarde. Su portavoz adjunta, Toni Morillas, ha criticado que se hayan impuesto más de 46.000 sanciones en ocho meses y acusa al equipo de gobierno del PP de haber priorizado la recaudación. También lamenta que la ZBE se pusiera en marcha sin alternativas suficientes al coche privado y sin las 5.000 plazas de aparcamientos disuasorios comprometidas. Reclama una nueva ordenanza planificada y medidas que no perjudiquen a quienes viajan a diario a la capital.
Málaga afronta así una etapa de transición: la Zona de Bajas Emisiones deja de multar, pero no desaparece del debate. El Ayuntamiento deberá reescribir la norma, decidir qué ocurre con los expedientes acumulados y encajar la exigencia legal de limitar la contaminación con un sistema que supere el filtro de los tribunales. Mientras tanto, los conductores podrán entrar y salir del área restringida sin sanción, a la espera de saber si la nueva regulación vuelve a apretar las tuercas y con qué criterios lo hará.
