- La justicia anula la ZBE de Málaga y exigen suspender las 46.562 sanciones tramitadas.
- Chiclana retrasa el inicio de las multas mientras espera los fallos judiciales.
- La Cámara de Cuentas de Castilla-La Mancha urge a activar las ZBE en seis ciudades.
- La FEMP propone exigir la ITV en vigor y un informe cuestiona el sistema de etiquetas.
La implantación de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) en España sigue envuelta en una notable incertidumbre jurídica y operativa. Aunque la Ley de Cambio Climático obliga a los municipios de más de 50.000 habitantes a contar con estas áreas restringidas, lo cierto es que muchos consistorios acumulan retrasos y afrontan recursos judiciales que cuestionan sus ordenanzas. La situación genera dudas tanto entre los conductores como entre los propios ayuntamientos.
En los últimos meses, los tribunales han tumbado regulaciones y las instituciones fiscalizadoras han advertido de un despliegue insuficiente. A esto se suman nuevas propuestas normativas que podrían cambiar las condiciones de acceso, como la exigencia de tener la ITV en vigor. Además, un informe técnico pone en entredicho el sistema de etiquetas ambientales. Repasamos los frentes abiertos más relevantes.
Málaga: la justicia anula la ZBE y exigen frenar las multas
La portavoz adjunta del grupo municipal Con Málaga, Toni Morillas, ha reclamado al equipo de Gobierno del PP que suspenda de inmediato el régimen sancionador de la Zona de Bajas Emisiones. Su petición llega después de que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía anulase la regulación de acceso a la ZBE de Málaga. El alto tribunal considera que la diferenciación entre vehículos domiciliados en la ciudad y los que no lo están resulta discriminatoria.
Morillas ha criticado que, pese a la situación judicial, el Ayuntamiento haya seguido tramitando miles de denuncias. Según las respuestas oficiales del Área de Seguridad, se han contabilizado 46.562 denuncias o propuestas de sanción vinculadas a la ZBE desde diciembre de 2025. De ellas, 11.712 corresponden a diciembre de 2025 y enero de 2026; otras 23.745 se remitieron a Gestrisam entre febrero y mayo de 2026; y 11.105 más se sumaron en junio y julio de 2026.
La edil sostiene que estos datos demuestran que el Consistorio ha priorizado sancionar sobre construir alternativas de movilidad sostenible. A su juicio, una ZBE no puede convertirse en ‘una máquina de multas’ mientras no existan condiciones para que miles de trabajadores dejen el coche. También ha recordado que siguen sin ejecutarse los aparcamientos disuasorios comprometidos (5.000 plazas anunciadas por De la Torre) ni se ha reforzado suficientemente el transporte público. ‘La movilidad sostenible no se decreta, y mucho menos se construye a golpe de multa’, ha sentenciado Morillas, quien aboga por ofrecer alternativas antes de imponer restricciones.
Chiclana mantiene en el aire el inicio de las sanciones
El gobierno municipal de Chiclana todavía no ha decidido cuándo empezará a aplicar el régimen sancionador de su ZBE, a pesar de que estaba previsto para el 19 de diciembre. El delegado de Movilidad, José Vera, ha explicado que el Ayuntamiento no ha determinado si habrá una nueva prórroga, en línea con lo manifestado por el alcalde, José María Román, en el pleno de septiembre. Román dijo entonces que esperaban los pronunciamientos de los tribunales después de los recursos presentados en varios municipios, y que la decisión se adoptaría en el límite del tiempo administrativo.
Por su parte, el portavoz de Vox, Manuel Vela, dio por hecho que el Consistorio prorrogará la entrada en vigor de las sanciones. Atribuyó esa ‘más que probable posibilidad’ al recurso presentado por su grupo y aseguró que su formación seguirá trabajando para acabar con la ZBE. Vera, no obstante, rechazó que una eventual prórroga pueda atribuirse a las actuaciones de Vox y cuestionó que presenten como un ‘mérito’ la interposición de recursos judiciales antes de que exista un fallo. El edil reiteró que el gobierno local está pendiente de la evolución de los procedimientos judiciales y que tomará la determinación que considere más adecuada para el interés general, con el respaldo de los criterios técnicos.
Castilla-La Mancha: la Cámara de Cuentas urge a activar las ZBE
La Cámara de Cuentas de Castilla-La Mancha ha recomendado a los municipios de Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Talavera de la Reina y Toledo que impulsen con carácter prioritario la aprobación y puesta en funcionamiento de sus Zonas de Bajas Emisiones. En un informe de fiscalización conjunta con el Tribunal de Cuentas, publicado en el DOCM, el organismo advierte que la implantación en las localidades de más de 50.000 habitantes presenta un grado claramente insuficiente y un desarrollo heterogéneo. Se constata un incumplimiento generalizado de la obligación prevista en la Ley de Cambio Climático.
De los seis municipios fiscalizados, únicamente Guadalajara había implantado una ZBE a 31 de marzo de 2025, aunque lo hizo después del plazo legal fijado en enero de 2023. Toledo y Talavera de la Reina no disponían de una zona vigente en esa fecha, encontrándose en fases preliminares, lo que supone un ‘incumplimiento directo’ de la normativa. La Cámara subraya que las adjudicaciones de contratos no han venido acompañadas de una implantación efectiva equivalente, con un limitado nivel de ejecución material.
El caso de Toledo refleja un importante desfase: había adjudicado contratos por 3.436.550 euros y recibido 3.185.910 euros en ayudas del Plan de Recuperación, a los que se suman más de 3,1 millones de un convenio con la Junta. El Ayuntamiento atribuyó el retraso a la sobrecarga de los servicios técnicos, demoras en la financiación y cambios jurisprudenciales. Los datos analizados muestran que Toledo se encontraba dentro de los límites normativos de calidad del aire, con medias anuales de NO₂ entre 14,9 y 16 microgramos por metro cúbico y de PM₁₀ entre 20,4 y 23,7. Sin embargo, cumplir con los límites no exime de contar con una ZBE.
En Talavera de la Reina, el informe añade otro problema: la ciudad carece de sistemas propios para medir la calidad del aire ni dispone de datos de redes autonómicas, lo que dificulta evaluar si las medidas adoptadas reducen la contaminación. La Cámara recomienda mejorar el acceso a los datos ambientales y reforzar su seguimiento. Talavera había adjudicado contratos por 2.332.326 euros y recibido 2.426.481 euros en ayudas del PRTR, pero a 31 de marzo de 2025 la zona no estaba operativa. En octubre de 2025, el Ayuntamiento inició la tramitación de la ordenanza y esta fue aprobada por mayoría en el Pleno, aunque sigue sin activarse.
La FEMP plantea exigir la ITV al día para acceder a las ZBE
La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ha publicado una ordenanza tipo que, si los ayuntamientos deciden adoptarla, convertirá la ITV en vigor en un requisito obligatorio para entrar en las Zonas de Bajas Emisiones. Hasta ahora, el único filtro era el distintivo ambiental de la DGT. Con este nuevo texto, el acceso quedaría ligado también al estado técnico y medioambiental del vehículo. No se trata de una ley, sino de un modelo orientativo que cada consistorio puede copiar, adaptar o ignorar, pero marca la dirección hacia la que se mueven las ZBE.
La Asociación Española de Entidades Colaboradoras de la Administración en la Inspección Técnica de Vehículos (AECA-ITV) considera que la medida aporta coherencia. Su director gerente, Guillermo Magaz, sostiene que limitar el acceso solo por el distintivo es insuficiente, porque la etiqueta se asigna cuando el vehículo es nuevo y no certifica su estado con el paso del tiempo. ‘El distintivo dice cómo salió el coche de fábrica; la ITV dice cómo está hoy’, resume. La etiqueta es una foto fija del momento de la matriculación, mientras que la ITV se pasa periódicamente y comprueba seguridad y emisiones.
La exigencia afectaría a cualquier vehículo que quiera entrar en una ZBE, no solo a los más antiguos. Da igual el distintivo: si la ITV está caducada, el acceso quedaría cerrado donde se aplique la ordenanza. El control es sencillo para el ayuntamiento, ya que el estado de la ITV vive en la base de datos de la DGT, accesible por matrícula, y las cámaras que ya leen matrículas pueden cruzar ese dato sin detener a nadie. Circular con la ITV caducada ya es una infracción sancionada con 200 euros, y si la inspección es negativa, la multa es mayor y el coche puede acabar inmovilizado. A esto se suma que entrar sin autorización en una ZBE también está sancionado, por lo que un mismo trayecto podría acarrear dos expedientes distintos.
Un informe técnico cuestiona el criterio de las etiquetas ambientales
La empresa OPUS RSE ha publicado un informe técnico titulado ‘Medición Remota de las Emisiones del Tráfico Rodado: La Guía Completa’, en pleno debate sobre las ZBE. El documento sostiene que no es la edad del motor, sino lo que contamina. Un vehículo moderno con fallos en sus sistemas de control de emisiones puede emitir hasta 100 veces más de lo permitido, mientras que un coche antiguo bien mantenido circula de forma limpia. El informe llega en un momento marcado por decisiones judiciales y restricciones a la circulación en ciudades españolas y europeas, y busca aportar transparencia y equidad, especialmente para los conductores que temen quedarse fuera por la antigüedad de su vehículo.
Uno de los puntos clave es aclarar para qué se usan hoy las estaciones de medición remota (RSD). Según el documento, operan exclusivamente como herramientas de diagnóstico y caracterización del tráfico, además de para evaluar la calidad del aire y auditar flotas públicas y privadas. Su objetivo es ofrecer a las administraciones datos reales y objetivos sobre el impacto del tráfico, dejando atrás las estimaciones teóricas de laboratorio. El informe pone el foco en superar los criterios restrictivos basados únicamente en la fecha de matriculación o la etiqueta ambiental. ‘La teledetección es la tecnología de medición ambiental más inclusiva con el ciudadano porque no discrimina al coche viejo; solo discrimina al gran contaminante’, señala Javier Buhigas, COO de OPUS RSE.
Los datos recopilados indican que menos del 2,5% del parque circulante es responsable de hasta el 50% de la contaminación directa por gases y partículas en las ciudades. Son los llamados High-Emitters: vehículos averiados o manipulados que concentran una parte desproporcionada de los contaminantes. Detectar y reparar ese pequeño porcentaje lograría un impacto positivo inmediato en la salud pública sin castigar a la mayoría. La compañía madrileña defiende una transición ecológica basada en la ciencia y la equidad, en la que la tecnología sirva para premiar el buen mantenimiento de los vehículos. Su tecnología ha sido seleccionada por el Gobierno de Hong Kong para medir emisiones reales de forma continua, masiva y no intrusiva, y trabaja en su expansión por Asia.
El panorama de las Zonas de Bajas Emisiones en España combina avances normativos con una fuerte conflictividad. Mientras Málaga afronta la anulación judicial de su regulación y Chiclana retrasa sus sanciones, la Cámara de Cuentas de Castilla-La Mancha exige acelerar los trámites en varias ciudades. A esto se suma la propuesta de la FEMP de vincular el acceso a la ITV en vigor, y el informe de OPUS RSE que cuestiona el sistema de etiquetas y aboga por medir las emisiones reales. En conjunto, el despliegue de las ZBE sigue siendo desigual y está lejos de completarse, con ayuntamientos pendientes de decisiones judiciales y de definir cómo garantizar una movilidad más limpia sin generar agravios comparativos.
